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Estas últimas semanas, hay un bulo que ha corrido como la polvora. Miles de familias han visto vídeos y noticias (algunas, de antes de ayer, como quien dice) sobre la inminente creación de otro impuesto estatal. En redes (casi todas) se compartieron publicaciones asegurando que, en2025, cada «propietario» debería pagar entre 1.000 y 1.400 euros al año por tener perro.
Una vez más, el detonante ha sido el típico vídeo viral (en este caso, de la cuenta Veterinario Gratis) en el que se advertía sobre una supuesta “tasa universal a todo propietario de perro” por esas cuantías. Algo similar a lo que hemos hablado en este blog sobre las tasas caninas, ya aplicadas en algunos puntos de Europa. En la grabación, de mediados de febrero de 2025 (no compartiré este vídeo: es fácil de encontrar), se sumaban distintos costes asociados a la nueva Ley de Bienestar Animal.
¿El problema? Se presentaba de forma alarmista, como si el Gobierno fuese a imponer un pago anual obligatorio.
La idea prendió, el vídeo superó los cientos de miles de visualizaciones en días. Las afirmaciones comenzaron a reproducirse en cadenas de mensajes y titulares alarmantes en redes sociales. Lo de los 1.400 euros por tener perro… vendría de una suma capciosa (aunque tampoco dista tanto de la realidad), pero que poco tiene que ver con impuestos y tasas.
El clima de confusión fue alimentado por titulares sensacionalistas en algunos medios digitales. Ciertos artículos presentaban la nueva Ley de Bienestar Animal como una norma que obligaría a gastar más de 1.000-1.400 euros por perro al año, mezclando seguros, cursos y otros gastos en una única cifra. Unos números que también nos recuerdan que tener perro no es un derecho, sino una obligación, por cierto.
Cierto portal llegó a hablar de la “llegada de un nuevo impuesto” para las familias con animales, insinuando que varias administraciones lo estaban considerando. Mientras tanto, en grupos de Facebook y foros se compartían antiguos recortes y noticias fuera de contexto, lo que amplificó el rumor.
La preocupación ha ido creciendo. Muchas personas han comentado con indignación que era “el colmo pagar por tu perro”, otros dudaban de la veracidad pero admitían sentirse intranquilos, y también han aparecido memes a porrillo ante lo que muchos ya sospechaban que podía ser una fake news. La bola de nieve estaba en marcha y exigía una aclaración urgente.
El revuelo ha obligado a una reacción rápida por parte del Gobierno. Así, tanto el Ministerio de Derechos Sociales (del que depende la Dirección General de Derechos Animales) como el Ministerio de Hacienda han desmentido, categóricamente, la existencia de tal impuesto. Además, se ha desmentido que es falso que el Gobierno planee crear un impuesto estatal por tener perro.
“Ni hay nada en la ley en ese sentido, ni está en ninguno de los proyectos presentes o futuros […] ninguna medida sobre la creación de tasas o impuestos por la tenencia de animales de compañía”, afirmaron rotundamente desde el Ministerio de Derechos Sociales
Las aclaraciones oficiales subrayaron que la Ley de Bienestar Animal, en vigor desde septiembre de 2023, no contempla ningún tributo por la tenencia de animales. Lo máximo que se sabe son algunas pruebas menores, que ya han generado revuelo a nivel local, pero que no prosperaron. La tasa canina no ha tenido éxito ni en Zamora ni en Palencia, y estamos hablando de unos pocos euros al año.
Por descontado, si uno se sumerge (mínimamente) en la legislación, no hay nada de eso, pero siguen saliendo bulos debido a la falta de canales oficiales para informar por parte del Gobierno y (¿por qué no decirlo?) a la ausencia de un código deontológico periodístico. Hay canales que buscan la viralidad y los ingresos rápidos, pero también medios de prensa cuyas prácticas son más que cuestionables. Mientras informamos sobre esto, recuerdo cómo hace unas semanas se generó polémica con la «supuesta deducción de gastos en la Renta», otra fake news.
Con estos desmentidos, las cuentas oficiales y medios públicos difundieron la corrección. Verificadores como RTVE Verifica y EFE desmontaron el bulo en sus plataformas, y la falsa noticia comenzó a frenarse. No obstante, el episodio ya había generado confusión y malestar, evidenciando el poder de las noticias falsas para calar en la opinión pública en muy poco tiempo. Autoridades y expertos llamaron a la calma y recomendaron siempre contrastar este tipo de informaciones con fuentes oficiales antes de darles credibilidad.
Más allá del desmentido oficial, este episodio pone sobre la mesa un problema recurrente: la facilidad con la que ciertos bulos consiguen ganar tracción en redes sociales cuando mezclan normativas reales con especulaciones malintencionadas.
Aquellos profesionales que hemos hecho un seguimiento de la Ley de Bienestar Animal sabemos que ha sido objeto de controversias desde su aprobación, y algunos sectores han aprovechado esa incertidumbre para difundir información engañosa. Este no es el primer caso, probablemente tampoco sea el último. Un rumor se expande como un hecho consolidado sin que la mayoría de los lectores verifique fuentes. ¿El problema?, no es (solo) la desinformación, sino la capacidad de ciertos contenidos virales para erosionar la confianza en las políticas públicas y polarizar aún más el debate sobre la protección animal.
Por todo ello, el Gobierno no debería ser ingenuo: desmentir es lo mínimo, pero apostar por políticas que mejoren la eficiencia de los canales oficiales puede ser básico en los tiempos que nos ha tocado vivir. Lo de los 1.400 euros por tener perro no es más que otra muesca en la culata sobre aquello de verificar información: una asignatura pendiente, tanto para la ciudadanía como para los propios medios de comunicación.
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